La mejora social empieza por la educativa

Publicado: septiembre 25, 2014 en Actividades para todos, Adicciones, Comunicación, Consejos, Datos, Educación
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“Nuestro sistema educativo está agotado. La mejor política social es una buena política educativa”

La agenda de gobierno del Partido Nacional abarca todos los temas que preocupan a la sociedad; entre ellos, algunos que se encuentran en estado de emergencia, como la educación y la inseguridad. En ambos se proponen cambios radicales. Se apuntará a reducir el peso de los intereses corporativos, y a derogar parcialmente la ley de educación; a separar entre la función rectora de la educación, que debe realizarse bajo control del Parlamento, de la organización de la provisión de los servicios educativos (que es la tarea privativa de ANEP). Para atender la inseguridad ciudadana, no faltan policías; faltan buenas políticas bien ejecutadas. Las políticas sociales tendrán en cuenta todas las dimensiones de la exclusión y buscarán superar las situaciones de vulnerabilidad desde una postura no asistencialista.

El programa del Partido Nacional aporta cuatro ideas fuerza que se ponen de manifiesto en cuatro capítulos: un país que cuide a su gente, un país de oportunidades, un país auténticamente productivo, y un país orgulloso de sus instituciones republicanas.

Cada capítulo presenta un breve estado de situación de los temas sobre los cuales desarrollará las propuestas.

La seguridad ciudadana, la salud y las adicciones, el deporte, la seguridad social, la seguridad vial y el medio ambiente, se agrupan en el primer capítulo: un país que cuide a su gente.

Un país de oportunidades plantea propuestas sobre políticas sociales: plan asentamiento cero, plan estamos contigo, plan de protección a poblaciones especialmente vulnerables, plan contamos con nosotros, plan discriminación cero. Este capítulo también contiene propuestas sobre políticas educativas; ocho medidas a ser impulsadas desde el Parlamento, treinta y cuatro medidas a ser impulsadas desde el Poder Ejecutivo, y ocho medidas relativas a la educación superior. En el área de la cultura se destacan varios planes: cultura en positivo, turismo cultural, cultura nuestra, cultura país, cultura y educación, crear cultura, plan MAB (museos, archivos y bibliotecas).

Por último; se plantea una reforma institucional.

En el tercer capítulo, “Un país auténticamente productivo”, se plantean propuestas sobre política económica (monetaria cambiaria, fiscal, salarial), relaciones laborales (actualización del régimen de negociación colectiva, mejora de las condiciones de trabajo, seguridad laboral, formación profesional y reconversión laboral, fomento del cooperativismo y el teletrabajo); energía, telecomunicaciones, transporte y logística. También sobre políticas sectoriales (agro, pesca): medidas para estimular la inversión, para mejorar la competitividad, para mejorar la eficiencia a través de la desburocratización, plan de apoyo a la granja, reformulación del Instituto Nacional de Colonización. Se incluye un paquete de medidas de apoyo a la población rural y semi-rural con variados objetivos: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural y semi-rural, proteger aquellas actividades que enfrentan situaciones de vulnerabilidad y revertir la escasez de mano de obra calificada a ser empleada en la actividad agropecuaria.

Además se proponen medidas sobre salud y bienestar animal, medidas de apoyo al desarrollo pesquero, y medidas de cuidado del medio ambiente. En el caso de la industria, se plantean medidas para mejorar la competitividad y medidas de política comercial. Entre estas últimas, algunas referidas a las relaciones laborales y otras tendientes al fortalecimiento de los recursos humanos.

Algunas medidas están orientadas a fortalecer la industria turística nacional, a mejorar la competitividad, a favorecer la  desestacionalización y la diversificación de la oferta.

El programa propone profesionalizar la política exterior, recomponer las relaciones con Argentina, y fortalecer la posición de Uruguay en el Mercosur. Otras iniciativas están orientadas a la búsqueda y aprovechamiento de oportunidades fuera del Mercosur.

En términos de ciencia y tecnología las propuestas se abocan a fortalecer el sector desde el punto de vista institucional, a fomentar el emprendedurismo, y a impulsar la creación de nuevas empresas dinámicas.

“Un país orgulloso de sus instituciones” es el último capítulo, y aporta medidas destinadas a dotar de transparencia a la administración pública y a revertir la centralización.

En ese sentido, el programa señala que Uruguay es uno de los países más centralizados de América Latina. La capital reúne al 40 por ciento de la población y el interior al 60 por ciento. Sin embargo, según datos de la Oficina Nacional de Registro Civil, el 53 por ciento de los empleados del Estado presta servicios en Montevideo. El gobierno nacional, la enorme mayoría de las instituciones universitarias y los principales centros de actividad cultural están concentrados en la capital. Pese a que una proporción cada vez mayor de la actividad económica se realiza en el interior, el ingreso promedio de los hogares de los residentes en Montevideo es de $ 52.069 y de los residentes en el Interior es de $ 39.024 (datos correspondientes a la Encuesta Continua de Hogares 2013).Esta realidad no es de ayer ni de los últimos diez años. Se trata de una vieja tendencia histórica, contra la que siempre combatió el Partido Nacional. Pero sus manifestaciones van cambiando con el paso del tiempo.

En ese contexto, el programa plantea algunas medidas a ser impulsadas en el interior del país en su conjunto. El objetivo general es promover el crecimiento y desarrollo armónico del país, impulsando políticas que generen cambios en todo el territorio.

Entre ellas, políticas y medidas orientadas a aumentar el potencial productivo del interior del país, y a promover la circulación de bienes y personas. Políticas y medidas orientadas a fortalecer los puertos y vías navegables del interior, y políticas tendientes a robustecer la educación en el interior, etc.

En materia de Defensa Nacional, el conjunto de propuestas a impulsar desde el gobierno apuntará de manera general a contar con unas Fuerzas Armadas más profesionales, más eficientes y más tecnificadas, que acompañen la evolución de su probable empleo en un marco de asignación de recursos responsable. Esto implica la adopción de políticas y doctrinas producidas a nivel del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Defensa Nacional, como resultado del trabajo del Consejo de Defensa Nacional y del Estado Mayor de la Defensa.

El programa también propone una actualización normativa, para lo cual se convocará a un diálogo multipartidario que defina las líneas generales de una Política de Defensa Nacional con vistas a un horizonte de quince años.

Una parte esencial del proceso de actualización normativa consistirá en introducir la figura del Comisionado Parlamentario para la Defensa, también llamado Ombudsman para asuntos de defensa.

El Ombudsman para asuntos de defensa es una solución alternativa a los mecanismos que hoy existen, como las líneas telefónicas Ministro Escucha y Oídos. Estos servicios admiten denuncias anónimas, lo que deteriora la disciplina interna, abre la puerta a iniciativas provenientes de personas ajenas a las Fuerzas Armadas y expone a diversos riesgos a quienes participan de la cadena de mando.

La oficina del Ombudsman ofrece mejores garantías a todas las partes. El buen funcionamiento del instituto implica que el personal que hace uso de este recurso no pueda ser reprendido, discriminado o penado por esa acción, pero los reclamos anónimos o colectivos no son admitidos.

La figura del Ombudsman para asuntos de defensa se construirá tomando como modelo la Ley Nº 17.684, que creó el cargo de Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Deberá contar con oficinas separadas de las instalaciones a supervisar, con personal especializado y con un presupuesto a ser establecido por el Parlamento.

La emergencia educativa

Educación
Educación

Uruguay vive una situación de emergencia educativa. Nunca en nuestra historia hubo una relación tan mala entre la cantidad de dinero que se gasta y los resultados que se obtienen.

Los problemas de nuestra enseñanza, según el programa, son básicamente cuatro: En primer lugar, tenemos un problema relativo a la inclusión: nuestra enseñanza se cuenta entre las más expulsivas del continente. Menos del 40% de los jóvenes uruguayos están consiguiendo terminar la enseñanza media antes de los 20 años. En otros países de la región, como Chile, lo hace cerca del 80%.

En segundo lugar, tenemos un problema de calidad de los aprendizajes: al hecho ya grave de que muchos quedan por el camino, se agrega que aquellos que siguen estudiando aprenden poco. Las sucesivas ediciones de las pruebas PISA muestran como Uruguay va perdiendo posiciones en la región y está cada vez más lejos de los países que obtienen buenos resultados.

En tercer lugar, tenemos un problema de equidad: el abandono escolar y los malos aprendizajes no se reparten de manera uniforme entre los alumnos, sino que castigan a los más débiles. En contradicción con los ideales de Varela, nuestra enseñanza ha dejado de ser un instrumento para generar igualdad de oportunidades. La enseñanza uruguaya de hoy no disminuye las diferencias de origen, sino que las aumenta.

El cuarto y último problema es un deterioro del clima de convivencia en los centros de estudio. Nuestras escuelas y liceos han dejado de ser lugares seguros. Los docentes deben ejercer su profesión en un clima anónimo y hostil, donde es difícil sentirse gratificado con la tarea. Las agresiones verbales y físicas se vuelven cada vez más frecuentes y llegan a involucrar a los padres.

Este deterioro no se debe a la falta de dinero. En el correr de la última década, el presupuesto educativo se ha duplicado largamente en pesos constantes. Es seguro que todavía hace falta más esfuerzo, pero la gran cantidad de recursos adicionales hubiera debido generar mejoras que no llegaron.

Tampoco puede explicarse el fracaso en función de la pobreza y la marginalidad. Otros países con más problemas sociales que el nuestro están mejorando mientras nosotros no lo hacemos. Y tampoco es cierto que los malos resultados educativos se deban a que estamos incluyendo mucha gente que hasta ahora no estudiaba. Toda América del Sur, con las únicas excepciones de Uruguay y Argentina, está consiguiendo incluir más gente al mismo tiempo que mejoran la calidad de los aprendizajes. En términos comparativos, nosotros hemos incluido a muy pocos y nos hemos deteriorado mucho.

“La dura verdad es que nuestro sistema educativo está agotado”, afirma el programa. Una estructura administrativa y pedagógica que conseguía funcionar bien hace medio siglo no sirve para enfrentar las condiciones actuales. El problema es que la sociedad uruguaya cambió mucho y el sistema educativo cambió muy poco.

Necesitamos introducir modificaciones profundas. Sólo en ese caso podremos hacer de la educación un auténtico motor para el desarrollo de los próximos años, y sólo en ese caso podremos esperar que la enseñanza vuelva a generar efectos positivos sobre la igualdad de oportunidades y la integración social. En este sentido específico, en el Uruguay de hoy, “una buena política educativa es la mejor política social”.

 Las políticas educativas para enfrentar la emergencia

El Partido Nacional propone atender la emergencia educativa a partir de una política que contemple cinco aspectos fundamentales: fortalecimiento del control ciudadano sobre el sistema educativo; fortalecimiento de los centros educativos; fortalecimiento de los directores, fortalecimiento de los docentes y  descentralización territorial.

El modelo normalmente usado en las democracias para gobernar la educación consiste en poner la política educativa en manos de un Ministerio de Educación sometido a control parlamentario.

Los uruguayos tenemos un ordenamiento institucional diferente, pero eso no nos obliga a renunciar al control ciudadano.

La solución que propone el programa de gobierno consiste en separar entre la función rectora de la educación (fijar metas nacionales, asignar recursos, evaluar resultados), que debe realizarse bajo control del Parlamento, de la organización de la provisión de los servicios educativos (que es la tarea privativa de ANEP). Esta distinción es compatible con el art. 202 de la Constitución y se ve reforzada por la descripción de tareas que corresponden al MEC en la última Ley de Educación (art. 51 de la Ley 18.437). El respeto de la autonomía es compatible con un mayor control ciudadano sobre las orientaciones estratégicas o metas nacionales en materia educativa.

Por otra parte, existe un consenso internacional en el sentido de que a la buena educación no la produce el dinero, ni los organigramas, ni las leyes, ni los docentes considerados en forma aislada, sino los establecimientos que consiguen funcionar como auténticas comunidades profesionales de aprendizaje.

Después de discutir el punto durante años, hoy existe un amplio consenso en el país acerca de que las reglas de juego fundamentales de nuestra enseñanza (por ejemplo, las reglas de asignación de puestos docentes o el sistema de inspecciones) atentan cotidianamente contra la constitución de comunidades educativas vigorosas. El desafío ahora es convertir ese consenso en práctica concreta y fortalecer los centros educativos. En este sentido, el programa afirma que necesitamos centros con identidad propia y con capacidad de tomar decisiones, en el marco de objetivos nacionales y una vocación universalista. La identidad pedagógica de cada institución se construirá a partir de propuestas educativas contextualizadas y flexibles que, en su diversidad, respondan a las necesidades de los alumnos y sus comunidades territoriales.

Un establecimiento educativo, para ser autónomo, necesita estar dotado de una autoridad propia con capacidad de liderazgo. Según el programa, puede tratarse de un director individual, de un equipo de dirección o de la comunidad docente en su conjunto, pero lo importante es que se pueda tomar decisiones dentro del propio centro de estudios. Esto supone trasladar una parte del poder de decisión a los centros, incluyendo la capacidad de administrar cantidades significativas de recursos. Para lograrlo, entre otras cosas, hay que poner mayor énfasis en la formación para la gestión. Las capacidades necesarias para gestionar no son las mismas que hacen falta para enseñar. Muchas veces, cuando se premia a un docente convirtiéndolo en director, se pierde un buen docente y se gana un mal director.

Otro aspecto fundamental considerado en la agenda de gobierno es el fortalecimiento docente. En este sentido existe un amplio consenso internacional en cuanto a que los docentes (y especialmente los docentes de aula) son el factor individualmente más importante para lograr una enseñanza de calidad.

No obstante, en Uruguay padecemos graves insuficiencias en este terreno. Nuestra formación docente, según el programa, tiene muchos síntomas de crisis y las condiciones de ejercicio hacen que la profesión no sea atractiva para mucha gente. En este contexto, necesitamos hacer al menos tres cosas: asegurar una formación docente de calidad, mejorar las condiciones de ejercicio de la función docente (lo que incluye el salario, pero va bastante más allá de eso), e incorporar a la función docente a gente que hoy no está dedicándose a esa tarea.

El último componente de la política educativa se refiere a la descentralización territorial. Según el programa, necesitamos un sistema educativo con autoridades más cercanas a la población y en contacto con los gobiernos departamentales y locales. Eso implica cambios en las estructuras administrativas existentes. Pero un cambio de esta naturaleza no se logra por decreto: se construye. Será necesario generar capacidad de gestión especializada a nivel local, en forma paralela a una progresiva transferencia de recursos y responsabilidades. También deberán crearse niveles de gestión intermedios, que operen entre las autoridades nacionales y las departamentales; y subsistemas regionales de asistencia técnica, seguimiento de gestión y control de resultados.

 Medidas concretas

Para lograr cumplir los objetivos de las políticas educativas el Partido Nacional propone cincuenta medidas destinadas a atender la emergencia educativa. Entre ellas, algunas a ser impulsadas desde el Parlamento:

Derogación parcial de la Ley General de Educación que incluya al menos los siguientes puntos: redefinición del rol de los consejeros votados por los docentes en el CODICEN y los consejos desconcentrados; eliminación del requerimiento de 10 años de experiencia en la enseñanza pública para ser miembro del CODICEN o de los consejos desconcentrados; eliminación de la obligación de convocar al Congreso Nacional de Educación (que pasaría a ser optativa); trasladar al MEC la potestad de revalidar títulos de formación docente.

El objetivo común a estas modificaciones es reducir el peso de los intereses corporativos en el gobierno de la educación.

A efectos de simplificar y acelerar la gestión, mejorar la coordinación y fortalecer la ejecutividad de la administración, sin perjuicio del control posterior se reasignarán las actuales potestades del CODICEN y los consejos desconcentrados.

Algunas medidas a ser impulsadas desde el Parlamento tienen que ver con la formación y profesionalización docente para cumplir el objetivo de que las carreras vinculadas a la educación adquieran nivel universitario.

Otras propuestas tienden a rediseñar y fortalecer el sistema nacional de evaluación de aprendizajes en función de los siguientes principios:

El que presta el servicio no puede ser el mismo que evalúa; y las decisiones con significado político (en este caso: qué y cómo se evalúa) deben ser adoptadas por una autoridad sometida al control parlamentario. En particular, se promoverá la incorporación del Instituto de Evaluación Educativa a la órbita del MEC (donde funcionará como órgano desconcentrado) y la modificación de su directorio, reduciendo el peso de los representantes de ANEP.

En cuanto a las políticas a ser impulsadas por el Poder Ejecutivo, el programa del Partido Nacional propone:

Crear nuevos centros CAIF, y otros con similar función, en la medida necesaria para alcanzar la universalización de la escolarización de niños de tres años y completar la de 4 años. Se estima que serán necesarios unos 120 centros adicionales, lo que supondría una inversión del orden de los 30 millones de dólares, más unos 13 millones de dólares anuales para cubrir los gastos de funcionamiento. Durante el proceso se priorizará a los niños que crecen en hogares ubicados en el primer quintil de ingresos.

Crear el Compromiso con la Política Educativa Nacional como requisito para solicitar al Senado la venia a los tres miembros políticos del CODICEN.

Otra serie de medidas apuntan a mejorar la gestión de los centros educativos, el desempeño docente. Habrá una política de mejoramiento de los salarios docentes, asociado a mejoras en términos de capacitación y desempeño. La antigüedad dejará de ser el principal factor determinante del monto de las remuneraciones. En cuanto a los alumnos, se eliminará el “pase social”, y quienes se encuentren rezagados recibirán tutorías.

El programa contempla muchas otras propuestas organizacionales y curriculares con la misma finalidad que las anteriormente mencionadas: enfrentar la emergencia educativa.

La emergencia en seguridad ciudadana en las propuestas del Partido

Cada año se cometen en nuestro país unas 20 mil rapiñas y centenares de homicidios. Los hurtos denunciados superan los 100 mil (casi 300 por día).

El deterioro de la seguridad, según el programa, no se debe a que falten policías. De hecho, Uruguay es el país con más policías por habitantes en América Latina. Tenemos 876 policías cada 100 mil habitantes, mientras que en México (un país con enormes problemas de seguridad) hay 448 agentes y en Chile (un país que ha resuelto el problema mejor que nosotros) sólo hay 318. Policías no faltan. Lo que falta es organización, capacidad de mando y normas jurídicas adecuadas. Lo que faltan son buenas políticas bien ejecutadas.

Seguridad
Seguridad

Mejorar la convivencia en la sociedad, según la agenda de gobierno, exige una acción multidimensional en la que deben participar el Estado y la sociedad.

Entre las acciones que se proponen, se incluyen: articulación de la Policía Comunitaria con los Centros de Integración y Ciudadanía a ser instalados en zonas vulnerables; apoyo al Poder Judicial para el fortalecimiento y creación de nuevos Juzgados de Conciliación y Centros de Mediación. Desarrollo de nuevas experiencias de mediación local, en coordinación con los gobiernos departamentales y el MIDES; participación de representantes de la Policía en el Observatorio Social sobre Adicciones, redimensionar y fortalecer en todo el país las unidades policiales especializadas en la atención de niños, adolescentes y mujeres.

Entre los aspectos considerados se destacan la reforma del Código de la Niñez y de la Adolescencia, y las modificaciones en la Ley de Cárceles. En su versión actual, el Código establece que los antecedentes de los menores infractores deben eliminarse cuando el infractor llega a la edad de imputabilidad, excepto en el caso de delitos gravísimos (como homicidio o violación) y únicamente si el juez lo dispone. Además, los antecedentes sólo se conservan dos años luego de alcanzada esa edad. En los hechos, estas disposiciones han actuado como un incentivo para que menores cometan delitos, frecuentemente instigados por mayores.

Para cambiar esa realidad el programa propone adecuar la Ley Carcelaria a las condiciones actuales del sistema, que los antecedentes se mantengan de manera preceptiva para todos los delitos y durante más tiempo, y aumentar el tope máximo de las penas a los infractores habituales que cometen infracciones gravísimas.

Asimismo propone crear el Instituto Nacional Carcelario como organismo descentralizado del Ministerio del Interior.

El Partido Nacional también aspira a dignificar la función policial a través de  varias medidas. Entre ellas, aumentar el salario para todos los niveles, incluyendo en él las diversas partidas que reciben los policías. De ese modo pasarían a formar parte del salario sin generar costos adicionales.

Otras propuestas tienen que ver con aspectos organizacionales. En este sentido se plantea la necesidad de elaborar protocolos de actuación ante las situaciones que los policías enfrentan con mayor frecuencia; y poner en marcha un plan de viviendas para policías, que empiece por la efectiva utilización del fondo que se alimenta con los aportes de policías activos y retirados.

Los policías tendrán el usufructo de la vivienda durante el servicio activo y pasarán a ser propietarios luego del retiro si no han cometido irregularidades graves (lo que funciona como un incentivo para el buen desempeño). Las viviendas deben ubicarse fuera de las zonas con mayor índice de delitos. Además debe evitarse la construcción de complejos exclusivos para policías, favoreciendo la distribución de sus viviendas en el tejido urbano.

El programa propone mejorar la gestión a partir de una nueva estructura orgánico-funcional, para lo cual se deberá recuperar la unidad del mando, potenciar las comisarias seccionales en todo el país, y devolver protagonismo a la figura del comisario.

Para recuperar el principio de autoridad interna se deberá aplicar en forma efectiva el régimen disciplinario, complementado con un sistema de incentivos que premie la actuación destacada, a partir de evaluaciones a cargo de un tribunal independiente.

El Partido también propone reorganizar el despliegue territorial, teniendo en cuenta la densidad de población de las diferentes zonas (urbanas, sub-urbanas, rurales) y las características de la actividad delictiva. Crear una Guardia Nacional dependiente del Ministerio del Interior, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Esa fuerza altamente entrenada y debidamente equipada tendrá a su cargo complementar el combate al delito en aquellas zonas donde se registran mayores índices de criminalidad, etc.

Otro tema que aqueja a nuestra sociedad es la inseguridad en los eventos deportivos. Para solucionar ese flagelo el Partido Nacional se basa en experiencias internacionales exitosas, y propone el  Plan Deporte Seguro.

El programa propone diversas medidas para que las canchas vuelvan a ser un espacio amigable para las familias, y las tribunas vuelvan a ser una escuela de convivencia civilizada:

• Instalar mecanismos de control de identidad en los puntos de ingreso a los espectáculos deportivos.

• Mejorar los sistemas de cámaras en los principales escenarios deportivos.

• Crear un registro de hinchas violentos, al que se ingresará mediante denuncia policial ante el juez competente con las garantías del debido proceso.

• Aprobar una normativa (un “código del hincha”) que establezca derechos y deberes, e incluya sanciones como impedir el ingreso a los escenarios deportivos a quienes sean identificados como violentos.

• Reforzar la presencia policial dentro de los escenarios deportivos, así como en su entorno.

• Coordinar entre la policía y los clubes el establecimiento de medidas de seguridad complementarias.

 Las políticas sociales y el Plan Asentamiento Cero

En el Uruguay de hoy, unas 200.000 personas viven en asentamientos (la cifra puede oscilar entre 170 y 250 mil, según el criterio que se utilice). Esto se debe en parte a respuestas espontáneas ante la imposibilidad de acceder a una vivienda formal y en parte a acciones organizadas. En Montevideo, el mayor número de ocupaciones de tierras se produjo durante los años en los que fue intendente el Dr. Tabaré Vázquez.

Solamente dos de cada tres habitantes en asentamientos tienen acceso a agua o electricidad.

Quienes tienen saneamiento apenas superan el 10 por ciento. En muchos asentamientos hay problemas graves de inseguridad y se reproduce una cultura que aleja a las personas de la educación y el empleo formal. En consecuencia, eliminar los asentamientos no sólo significaría resolver un problema de acondicionamiento urbano, sino desmontar uno de los principales mecanismos generadores de exclusión.

El Plan Asentamiento Cero, que será coordinado desde Presidencia de la República, propone crear las condiciones para eliminar los asentamientos en un plazo de diez años.

Una de las primeras medidas para lograr este objetivo es desalentar la creación de nuevos asentamientos, eliminando los incentivos que impulsan a formarlos (en esto será clave el Plan “Estamos contigo”).

En ese sentido, uno de los problemas de las políticas sociales impulsadas por el Frente Amplio es que ofrecen soluciones a quienes han caído en situación de exclusión pero protegen menos a quienes están en riesgo de caer en ella. Esto ocurre a pesar de que muchas personas que se mantienen en la formalidad tienen niveles de ingreso similares a quienes se benefician de las ayudas sociales (en Montevideo, uno de cada tres inquilinos es de nivel socioeconómico bajo o medio-bajo). Esta manera de organizar los planes sociales funciona como un incentivo para la creación de asentamientos y otras variantes de informalidad.

El plan “Estamos contigo” estará dirigido a esos hogares que están en riesgo pero reciben poco apoyo. Podrán ser beneficiarios del plan los jefes o jefas de hogar que cumplan las siguientes condiciones: vivir en un hogar pluripersonal; tener un empleo formal o un microemprendimiento debidamente registrado; pagar un alquiler o estar dispuesto a pagarlo; abonar regularmente una factura de electricidad, o estar dispuesto a hacerlo; tener un ingreso que no supere la primera franja de imposición del IRPF; no ser beneficiario de la Tarjeta Uruguay Social ni de ningún otro programa de transferencias directas, excepto las diferentes Asignaciones Familiares. Tendrán prioridad los menores de 30 años (como forma de apoyar a las parejas jóvenes que quieren independizarse) y los hogares donde haya hijos menores de 15 años que asistan en forma regular a un establecimiento educativo.

El Plan “Contamos con nosotros” estará dirigido a muchos uruguayos adultos que se dedican al cuidado de otras personas, o requieren condiciones especiales para poder ampliar sus propios márgenes de autonomía. Para atender esta situación se crearán centros diurnos de apoyo a las familias, centros maternales, centros diurnos para la tercera edad, etc.


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