Posts etiquetados ‘Facultad de Ciencias Económicas’

Hace medio siglo, Uruguay tuvo su plan de desarrollo.

El primer gobierno blanco realizó el primer diagnóstico, a partir del segundo gobierno de ese partido avanzó en la definición de propuestas (en 1964, el ministerio de Ganadería y Agricultura, cuyo titular era Wilson Ferreira Aldunate, presentó 7 proyectos de reformas estructurales en el sector agropecuario, que quedaron en el papel).

El primer plan de desarrollo económico y social que tuvo nuestro país, fue dado a conocer por la CIDE, cuyo secretario ejecutivo era Enrique Iglesias, en mayo de 1965. Ideario revisa aquel período de nuestra historia, lo que significó la CIDE, sus grandes aportes y los bloqueos que sufrió, en un contexto de luchas de poder muy agudas entre sectores sociales y económicos.

“El problema del país, sólo encontrará soluciones, alrededor de su propio esfuerzo y para ello se requiere inesquivablemente la realización de reformas fundamentales que transformen algunas de las actuales estructuras; (sin ellas), los resultados de los esfuerzos, serán necesariamente magros, y el país no se preparará para crecer en forma persistente y dar satisfacción a las aspiraciones de su sociedad”, decía el contador Enrique V Iglesias, en el preámbulo de un compendio, que contiene el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974, publicado en dos tomos por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UdelaR (agosto de 1966).

Este plan, primero que tuvo nuestro país en toda su historia, fue elaborado, después de muchos años de intenso trabajo que comenzó por la preparación de un diagnóstico de la realidad, por la CIDE (en sus inicios, en octubre de 1959, denominada Comisión de Inversión y Desarrollo Económico; y años después, Comisión Interministerial de Desarrollo Económico). Su secretario ejecutivo, desde la primera hora, fue Iglesias, que era un joven profesor de economía en la UdelaR. En la CIDE, interactuaron técnicos y especialistas en distintas disciplinas. Algunos de ellos, siguen siendo activos protagonistas de la vida pública, como Danilo Astori, actual ministro de Economía y Finanzas, y Alberto Couriel, que hasta el 14 de febrero ocupó una banca de senador.

Como explica el historiador Enrique Méndez Vives, “en los años sesenta, se impuso en todo el mundo la planificación económica, ya fuera imperativa (rígida), como por ejemplo en la URSS, o indicativa (flexible), como en Francia. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina, ONU), batalló por la planificación indicativa. Incluso la Alianza para el Progreso –la propuesta de (John F.) Kennedy, que tuvo escaso seguimiento-, condicionó su apoyo a la existencia (en los países) de planes económicos y financieros”. (“500 años…” 2014).

Entonces, el primer gobierno blanco (1959-1963), creo la CIDE que realizó el primer diagnóstico sobre la realidad local (“Estudios Económico del Uruguay: evolución y perspectiva”, 1963), y realizó un Censo Nacional de Población y Vivienda (fue en 1963; el anterior era de 1908); y, a partir del segundo gobierno de ese partido (el de la “ubedoxia”, de 1963 a 1967), avanzó en la definición de propuestas (en 1964, el ministerio de Ganadería y Agricultura, cuyo titular era Wilson Ferreira Aldunate, presentó 7 proyectos de reformas estructurales en el sector agropecuario, que quedaron en el papel).

En “El Uruguay de Nuestro Tiempo. 1958-1983”, “Economía, la hora del balance” (CLAEH), los economistas Walter Cancela y Alicia Melgar, afirman que “El plan de la CIDE y el previo diagnóstico, significaron un gran esfuerzo de sistematización y análisis; prácticamente el nacimiento de la estadística económica en el pais (…) se recomendaba e instrumentaba un gran número de reformas estructurales que tendían a modificar en buena parte, el funcionamiento económico del país”. Y concluían: “los cambios en las posiciones de los grupos de poder que el mismo implicaban, nunca podrían ser apoyados por quienes, precisamente, se podían ver perjudicados por ello. Aprobado en el papel, el Plan fue convenientemente archivado”.

Por su parte, Méndez Vives se pregunta: “¿fracasó la CIDE?”. “(…) hay por lo menos, dos aspectos que deben señalarse, -subraya; 1) algunas propuestas de avances técnicos se incluyeron en la Constitución de 1967; 2) la necesidad de planificación se incorporó a la cultura de muchos técnicos e instituciones del ámbito económico nacional, y rindió frutos mas adelante. Decenas de economistas de relieve, de distintas ideologías, se formaron en el semillero de la Comisión (a lo largo de varios años)”.

Parte de los estudios de la CIDE fueron tenidos en cuenta por el Congreso del Pueblo (1965) que diseño una “propuesta de soluciones a la crisis”, asumida por el movimiento sindical. En 1967, al entrar en vigencia la nueva Constitución de la República, surgió con rango ministerial la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fue creado un Banco Central y otros organismos estatales.

“La propuestas del Plan contenían un conjunto de reformas estructurales cuya implementación se señalaba reiteradamente como indispensable para su éxito”, afirma el inglés Henry Finch, un especialista en historia económica graduado en Oxford, que fue investigador visitante de la UdelaR (Instituto de Economía), entre 1967 y 1969.

Finch, en un importante estudio que acaba de ser reeditado, dentro de la colección Heber Raviolo, de Ediciones de la Banda Oriental (“La economía política del Uruguay Contemporaneo, 1870-2000”), recordaba el carácter progresista de los planteos formulados (terminar con el régimen anacrónico de tendencia de la tierra, donde imperaba el latifundio y el minifundio, entre un abanico de políticas públicas), y explicaba la no aplicación de este Plan, por parte del entonces elenco gobernante, porque “de haberlo hecho, hubiera actuando en contra de sus propios intereses, en contra de la burocracia, que constituía su clientela (electoral), y también del sector privado en general, especialmente del sector terrateniente, y del sistema y financiero. (En suma) los centros de poder político y económico, no tenían ningún interés en la iniciación efectiva de un proceso de planificación, y fueron capaces de impedirlo” (ver recuadro).

Enrique Iglesias, en el preámbulo del Plan de Desarrollo Económico y Social, presentado en mayo de 1965 (y publicado por la UdelaR), advertía que no puede olvidarse que “la instalación de un proceso de planificación, es una tarea lenta, que supone, además de decisiones políticas y privadas, cambios institucionales, creación de una mentalidad colectiva que trabaje con una visión de futuro de largo plazo, y la disposición de un equipo humano del que el país cuenta con abundancia y capacitación” (ver recuadro con las reflexiones del historiador Carlos Zubillaga, sobre la crisis de los partidos políticos uruguayos, y el freno a las reformas, en los convulsos años 60).

MUÑOZ

MENTIR: es lo que nos vienen enseñando cada vez mejor. … Ver más

La visión de Carlos Zubillaga

SOLUCIONES ENSAYADAS POR LOS PARTIDOS ANTE LA CRISIS

“Abandonado el modelo industrializador del “neobatllismo” (desde 1959), fracasado el modelo alternativo de signo agrario impulsado por el ruralismo, el equipo gobernante –fruto de lo que Germán Rama ha definido como “unión ocasional de gestores políticos”-, jugó la carta de la propuesta tecnocrática, en un intento por desplazar hacia el campo científico, la búsqueda de “recetas” que su propia definición ideológica le impedía formular por sí. Hizo la opción de encargar a los técnicos, definiciones de las soluciones sociales y económicas de fondo, con olvido de que éstas son en último término, responsabilidad inequívocamente política.

A una tal renuncia implícita de lo que configura la esencia del quehacer gubernativo, contribuyó la contradictoria representatividad social de los grupos políticos coaligados en la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno (blancos de la UBD y del herrerismo).

Se puso en marcha, entonces, la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico (CIDE), que actuó de acuerdo con los cánones de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, de Naciones Unidas), en el entendido de concebir la crisis nacional como el resultado de la inadecuación de las estructuras económicas a los requerimientos de un proceso de desarrollo autosostenido.

La modificación de esa estructura y la utilización racional de los recursos disponibles –por otra parte, escasos-, logradas mediante el mecanismo de una planificación indicativa, se convirtieron en el presupuesto del desarrollo nacional. La CIDE, realizó primeramente un diagnóstico preciso de la situación, arribando a una interpretación que apreciaba la sociedad como un complejo de factores no exclusivamente económicos, y elaboró en 1965 un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, fundado en tres principios claves:

  • La selección rigurosa y voluntarista de los modos de utilización de los recursos.
  • La jerarquización del valor agregado nacional en los productos destinados a la exportación.
  • La formulación de un acuerdo social que neutralizara la lucha por la distribución del ingreso.

El Plan proponía la restructuración de la producción industrial en un esquema que suponía la elaboración de equipos y otros bienes de capital, pero reconocía que el estancamiento del sector agropecuario, configuraba una traba para la necesaria potencialización de la industria nacional, por lo que solo una remoción de los obstáculos estructurales que eran responsables del estancamiento rural, posibilitaría el desarrollo integral del país. Sobre este particular, la opinión de la CIDE, no admire reparos: “(…) el Plan es enfático, decía, en el sentido de establecer que sin reformas estructurales, no hay desarrollo posible (…), no admite alternativas y está elaborado sobre la base de que las reformas han de ser llevadas a cabo”.

El Plan, sin duda excesivamente tecnocrático, no señaló mecanismos para neutralizar la acción de grupos de interés, opuestos a las reformas que propugnaba. Lo cierto fue que careció de la requerida instrumentación, poniendo de manifiesto el divorcio entre la planificación económica, y la voluntad política de efectivizarla con vistas a un resultado concreto.

El fracaso de la coalición gobernante (de fracciones del Partido Nacional), en el logro de soluciones a la crisis económica, se sumó al mantenimiento de factores negativos (burocratización, clientelismo, ineficacia directriz, carencia de unidad de acción), para decretar el fraccionamiento de la mayoría del Consejo Nacional de Gobierno, en una lábil confederación de subgrupos políticos con escasos elementos religantes.
La muerte de (Daniel) Fernández Crespo (líder de la UBD), en julio de 1964, (…) consagró la virtual desaparición de la coalición gobernante, que presentaba ya notorios rasgos de desintegración”

“”Los partidos políticos ante la crisis (1958-1983)”, de Carlos Zubillaga; estudio que integra el volumen colectivo: “De la tradición a la crisis. Pasado y presente de nuestro sistema de partidos”, CLAEH, 1985. Doctor en historia, investigador, docente, ensayista, Carlos Zubillaga fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).

constanza

LA REVISTA DE CONSTANZA para adolescentes que recién entran al gremio del liceo y quieren repetir consignas progresistas y sensibles por Darwin Desbocatti … Ver más

 

El enfoque de Henry Finch
UN GRAN PLAN QUE EL ELENCO GOBERNANTE NO QUISO APLICAR

“Aún cuando el plan (de la CIDE de 1965) y sus recomendaciones fueron en su mayor parte ignoradas por los gobiernos (su papel) resultó de un inmenso valor. El informe (inicial) de 1963, fue el primer diagnóstico serio que se hizo en Uruguay, acerca de la crisis (y) el censo de población de 1963, era el primero que se realizaba desde 1908 (…).

El diagnóstico de la CIDE, era fundamentalmente de carácter estructuralista y desarrollista. El problema de la inflación era considerado como consecuencia fundamentalmente del estancamiento económico, de los conflictos sociales resultantes y del deterioro de los términos de intercambio, más que como el resultado de una política de expansión monetaria. El estancamiento, por su parte, aparecía allí enraizada en la problemática de la industria manufacturera que había agotado las posibilidades fáciles de la sustitución de importaciones, y se veía limitada por la pequeñez del mercado interno(…)

Las propuestas del Plan, contenían un conjunto de reformas estructurales cuya implementación se señalaba, reiteradamente, como indispensables para su éxito. La reforma debía extenderse a las estructuras agrarias, buscando eliminar los problemas de la dimensión y tenencia de unidades de explotación agropecuaria que dificultaban la implantación de nuevas tecnologías (latifundio, minifundio); al sistema impositivo, mediante la eliminación de algunos impuestos antieconómicos, y la mejor administración del régimen fiscal; al sistema financiero, mediante la creación de un Banco Central independiente (entre muchas otras).

“Creer que la ineficacia y la irracionalidad eran los obstáculos fundamentales para el desarrollo del Uruguay fue, tal vez, el error básico de este enfoque estructuralista. (En realidad) el gobierno blanco se vio obligado a crear un organismo de planificación, por las exigencias de la Alianza para el Progreso, (pero) los partidos políticos (entonces en el gobierno) no tenían ninguna intención de poner en práctica el Plan y sus reformas. De haberlo hecho, hubieran actuado en contra de sus propios intereses (…) de los intereses de la burocracia que constituía su clientela (electoral) y también del sector privado en general, especialmente del sector terrateniente, y del sistema comercial y financiero.

Durante el segundo gobierno blanco (1963-1967), la evolución de la economía estuvo caracterizada por la continuación del estancamiento, por la aceleración del proceso inflacionario, por los déficit fiscales y del sector público, y por la creciente especulación financiera que operaba a través de un sistema bancario hipertrofiado, y que resultó en una fuga de capitales estimada en 246 millones de dólares en el período 1962-1967”

(“La economía política del Uruguay contemporáneo 1870-2000”, Henry Finch, 2014. Finch, graduado en la Universidad de Oxford, ha sido investigador visitante a partir de 1967 del Instituto de Economía de la Universidad de la República, y es socio de la Asociación Uruguaya de Historia Económica).

Por Luis Casal Beck

http://www.republica.com.uy/hace-medio-siglo-uruguay-tuvo-su-primer-plan-de-desarrollo/508046/